Decenas de familias, mujeres y miles de niños permanecen atrapados en asentamientos informales habilitados en las naves del Tarajal y en las playas de la ciudad autónoma de Ceuta, tras la masiva entrada de migrantes registrada a través de la frontera con Marruecos.

Las personas refugiadas en estos recintos improvisados enfrentan severas deficiencias de subsistencia, reportando jornadas en las que solo acceden a una ración diaria de alimentos, mientras evitan acudir a los controles oficiales por el temor persistente a ser deportados de inmediato a territorio marroquí, donde denuncian ser víctimas de persecución, amenazas de muerte y falta de garantías de seguridad.

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La situación resulta especialmente crítica para la infancia. Organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos advierten que cerca de 4.000 niños y niñas continúan al margen del sistema oficial de protección autonómico, sin haber sido localizados ni derivados a recursos de acogida seguros.

Las ONG alertan que esta desprotección prolongada incrementa de forma alarmante la exposición de la población infantil a la trata de personas, la violencia sexual, la explotación laboral y el reclutamiento por parte de bandas criminales que operan en la zona fronteriza.

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Frente a la emergencia, el Gobierno de España desplegó instalaciones militares y carpas temporales para registrar a la población migrante, ratificando que aplicará de forma estricta la Ley de Extranjería y los tratados internacionales de asilo.

Las autoridades central y autonómica coordinan la tramitación individualizada de los expedientes de protección internacional y evalúan la reformulación de la normativa de extranjería para facilitar el traslado y reparto equilibrado de los menores no acompañados hacia otras comunidades autónomas del Estado español.

Pese a los llamados oficiales para ingresar en las carpas del ejército, cientos de migrantes prefieren pernoctar a la intemperie en la playa del Trampolín.

Muchos de los varados destacan poseer formación técnica y universitaria, y sostienen que su meta no es permanecer en Ceuta sino llegar a la península para insertarse laboralmente.

Mientras la administración local presiona por la ejecución de devoluciones masivas, la complejidad legal del proceso y la resistencia de los afectados mantienen a miles de personas en una prolongada incertidumbre a orillas del Mediterráneo.

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